El sobreendeudamiento de las familias frente a la crisis económica es una problemática que golpea con fuerza a los hogares de Santiago del Estero y de todo el país. En este escenario, el Congreso de la Nación comenzó a debatir un proyecto de ley que propone la creación de una nueva línea de créditos a través de la Anses, con montos de hasta $1,5 millones por persona, destinados exclusivamente a sectores de menores ingresos.
La iniciativa, impulsada por bloques de la oposición, presenta una diferencia sustancial respecto a los programas de financiamiento anteriores: los fondos no podrán ser utilizados libremente. Según el texto del proyecto, el dinero deberá destinarse de forma exclusiva a cancelar deudas preexistentes con bancos, tarjetas de crédito u otras entidades financieras. Para garantizar este objetivo, la Anses no depositaría el monto en la cuenta del beneficiario, sino que transferiría los fondos directamente a la entidad acreedora.
El universo potencial de este alivio financiero abarcaría a cerca de 10 millones de personas. Entre los grupos que podrían acceder se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados con ingresos de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), trabajadores de casas particulares registrados y monotributistas de las categorías A, B, C y D.
El proyecto fija un tope de $1,5 millones por crédito, con una actualización automática atada al salario mínimo. Para evitar un nuevo ciclo de endeudamiento, la normativa establece que la cuota no podrá superar el 30% del ingreso mensual del solicitante. Además, la tasa de interés se ubicaría por debajo de los niveles del sistema financiero privado (vinculada a la TAMAR más 10 puntos).
El trámite se realizaría de manera completamente digital mediante la plataforma Mi Anses, sin la intervención de gestores ni intermediarios, donde los usuarios deberán presentar la documentación que respalde sus pasivos.
Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de debate y no está disponible para su solicitud. De avanzar legislativamente, podría obtener media sanción en Diputados durante este mes y tratarse en el Senado entre abril y mayo, con una eventual entrada en vigencia para el segundo semestre de 2026. Sin embargo, el Gobierno nacional ya manifestó fuertes objeciones a la medida, principalmente por el rechazo a utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiarla.
