Iara Pereyra decidió romper el silencio y denunciar a su expareja, Sebastián Corti, a quien acusó de haberla sometido a un régimen de violencia física y psicológica durante los casi dos años que duró la relación. La presentación formal ante la policía incluyó un relato pormenorizado de los episodios de maltrato que, según su testimonio, marcaron la convivencia.
La denunciante declaró que la vida en común estuvo signada por agresiones constantes y situaciones de control extremo. En su descripción, señaló que Corti reaccionaba con golpes ante discusiones por cuestiones cotidianas. Uno de los hechos más graves ocurrió hace poco tiempo, cuando, según su versión, el hombre la empujó por las escaleras del departamento que compartían.
El relato también incluyó un episodio ocurrido en un gimnasio, donde afirmó que la exmujer de Corti la atacó físicamente con golpes, tirones de cabello y utilizando objetos del lugar.
Lesiones, miedo y amenazas
Pereyra sostuvo que en varias ocasiones debió recurrir a asistencia médica por las lesiones sufridas, pero que el temor le impidió radicar la denuncia antes. Según detalló, las intimidaciones no se limitaban a ella, sino que se extendían a su entorno familiar. Mencionó advertencias dirigidas a personas cercanas para que no la ayudaran a avanzar con acciones legales contra su agresor.
Detalles de la vida privada
En su presentación, la mujer también describió aspectos de la intimidad de la relación. Afirmó que ambos compartieron un vínculo de tipo swinger con otra mujer, a quien identificó en su declaración. Además, señaló que Corti consumía sustancias como marihuana y cocaína, a menudo mezcladas con medicamentos sin prescripción médica.
También denunció que el hombre poseería un arma de fuego sin la debida autorización y que cultivaba plantas de cannabis en su domicilio.
Antecedentes y presiones
De acuerdo con el testimonio de Pereyra, Corti había recuperado la libertad a fines de 2025, pero las conductas violentas no cesaron. Incluso, aseguró que él la asesoraba para mentir ante las autoridades judiciales con el objetivo de eludir consecuencias penales.
La denuncia quedó formalizada y ahora será el turno de la Justicia para investigar los hechos y determinar las medidas correspondientes.
