El Gobierno de la Nación oficializó hoy la Resolución Conjunta 3/2026, mediante la cual se incorpora a la Guardia Revolucionaria de Irán al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). El documento lleva las firmas de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno, advirtiendo que esta organización representa una "amenaza externa real" para la seguridad nacional y la vida de los habitantes.
La decisión administrativa se basa en informes reservados que demuestran una "amplia evidencia" sobre la participación directa del CGRI en la planificación de atentados. El Ejecutivo nacional vinculó explícitamente a esta fuerza con el brazo operativo de Hezbolá, responsable del ataque a la Embajada de Israel en 1992, y con el atentado a la AMIA en 1994, calificado como el peor ataque terrorista en suelo argentino.
Herramientas contra el crimen organizado
Según los considerandos de la norma, la inclusión en el RePET se presenta como una herramienta "necesaria, proporcional y adecuada" para fortalecer la prevención y detección temprana del financiamiento del terrorismo. El texto destaca que la complejidad del crimen organizado trasnacional demanda un esfuerzo coordinado para optimizar los recursos del Estado y mejorar los resultados de las investigaciones judiciales en curso.
La resolución enfatiza que la colaboración y el intercambio de información internacional son fundamentales para desarrollar una estrategia efectiva de castigo a los responsables. Con esta medida, la Argentina busca alinearse con los estándares de seguridad global, endureciendo su postura frente a estructuras militares extranjeras acusadas de realizar operaciones encubiertas y actividades ilícitas en la región.
Impacto y respuesta internacional
Esta formalización ocurre en un clima de extrema tensión diplomática, luego de que el régimen de Teherán calificara la intención argentina como una "ofensa imperdonable". Sin embargo, el Gobierno nacional reafirmó que el orden público y la seguridad de los ciudadanos están por encima de las presiones externas, ratificando el rumbo de su política exterior y el compromiso con la memoria de las víctimas de los atentados de la década del 90.
La medida habilita de manera inmediata el congelamiento de activos y la aplicación de sanciones financieras contra cualquier individuo o entidad vinculada a la Guardia Revolucionaria que opere en territorio nacional. Se espera que en las próximas horas se coordinen acciones con las fuerzas de seguridad federales para profundizar los controles en puntos estratégicos del país.
