El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso un proyecto de nueva Ley de Financiamiento Universitario, en un intento por destrabar el conflicto con las altas casas de estudio y dar respuesta a sus reclamos históricos. La decisión se produce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma vigente, que establece la actualización de salarios docentes y partidas presupuestarias.
En los últimos días, funcionarios del presidente Javier Milei iniciaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas. El objetivo declarado es "garantizar viabilidad fiscal" y, al mismo tiempo, atender las demandas del sector.
Reemplazar, no derogar
Según trascendió, la nueva ley no busca derogar el esquema financiero actual, sino modificarlo y reemplazarlo. Para ello, el Ejecutivo deberá construir el consenso político necesario en el Congreso que permita aprobar una nueva norma que sustituya a la anterior.
La estrategia apunta a resolver dos frentes de una sola vez: por un lado, la discusión presupuestaria y, por el otro, desactivar las discusiones legales y judiciales abiertas, evitando así eventuales sanciones penales.
La nueva ley pretende responder a dos demandas centrales: la previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y las garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario.
Negociaciones y plazos
Funcionarios del área educativa ya mantuvieron reuniones con el CIN para pulir los detalles de la norma. Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se encontraron con autoridades del Consejo para avanzar en la redacción del proyecto.
El Ejecutivo apunta a sumar esta iniciativa al temario de las sesiones extraordinarias por decreto, pese a que el reglamento de Diputados establece que debe votarse en el recinto. El decreto de convocatoria se firmaría en las próximas horas y se publicaría en el Boletín Oficial del próximo lunes. También se formalizará allí la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
Antecedentes
La Ley de Financiamiento Universitario vigente se votó en 2024 y fue aprobada por ambas cámaras. Sin embargo, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso ratificó la norma por encima del veto presidencial. Esa ley es la que el Gobierno ahora pretende reemplazar por una nueva.
La jugada del Gobierno se da en un contexto de avances legislativos: en las últimas horas se logró la aprobación de la reforma laboral en el Senado, y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil, donde también se dio el visto bueno al acuerdo UE-Mercosur.
