La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno nacional presentará una denuncia penal por terrorismo contra los responsables de los graves incidentes ocurridos este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el marco del debate por la reforma laboral.
En declaraciones a la prensa, Monteoliva sostuvo que los hechos de violencia excedieron ampliamente el marco de una protesta social y constituyeron una "acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional". Según detalló, los agresores portaban elementos de alta peligrosidad como bombas molotov, bidones con nafta, bulones para arrojar con gomeras y palos de bandera convertidos en lanzas.
"Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar. Fue un acto de terrorismo" , enfatizó la funcionaria.
La ministra adelantó que el Ejecutivo reunirá toda la evidencia para radicar una denuncia federal, invocando la figura de terrorismo prevista en el Código Penal argentino. "Una bomba molotov es una bomba" , justificó.
Más de 70 detenidos y críticas a la Justicia
Monteoliva informó que el saldo de la jornada dejó más de setenta detenidos y un número reducido de heridos, sin víctimas de gravedad. "Por suerte solo fueron siete efectivos golpeados y los civiles lastimados no tuvieron heridas de gravedad" , precisó.
Sin embargo, la ministra cuestionó con dureza la celeridad con la que la Justicia suele disponer la libertad de los detenidos en este tipo de episodios y advirtió que es necesario revisar los protocolos para futuras movilizaciones. Entre las medidas que evalúa el Gobierno se encuentra la posibilidad de implementar controles más estrictos sobre mochilas y banderas en los accesos a las marchas.
Respaldo a la baja de imputabilidad
Hacia el final de la entrevista, Monteoliva celebró la media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. La funcionaria consideró que la iniciativa "empieza a saldar una deuda con los familiares de las víctimas" y sostuvo que "es un desafío grande, pero es responderle a quienes también son víctimas indirectas de muchísimas situaciones" .
