El paro general que paraliza este jueves a la Argentina no alteró la agenda del Fondo Monetario Internacional. En su conferencia de prensa semanal, la vocera Julie Kozack se refirió al tenso momento que atraviesa el país y, lejos de cualquier autocrítica, respaldó el rumbo elegido por el Gobierno en materia laboral.
"Continúan los esfuerzos para profundizar las reformas estructurales en Argentina. Se han implementado medidas laborales destinadas a reducir la informalidad, pero también, y de suma importancia, a impulsar la creación de empleo", sostuvo la portavoz, en un mensaje que sonó como un guiño directo a la Casa Rosada en medio de la tormenta gremial.
Costos de transición bajo la lupa
La funcionaria del organismo multilateral no ignoró el conflicto social que desvela al Ejecutivo. Con tono mesurado pero firme, reconoció que todo proceso de cambio tiene consecuencias y que el Estado debe estar preparado para amortiguarlas.
"Mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas también será importante para Argentina", advirtió Kozack, en una frase que puede interpretarse como un llamado a no descuidar la contención social mientras se avanza con las modificaciones estructurales.
Reservas y superávit, los otros puntos destacados
Más allá del debate laboral, la vocera del FMI tuvo palabras de elogio para la gestión económica. Confirmó que el Banco Central acumuló más de US$2000 millones en lo que va del año, una cifra que el organismo sigue con especial atención.
"La acumulación sostenida de reservas, respaldada por la implementación continua del ancla fiscal, será esencial para asegurar un acceso duradero al mercado y permitir que la Argentina responda mejor a los shocks", explicó.
Acuerdos internacionales, el otro frente
Kozack también se refirió a la estrategia de inserción global del gobierno de Javier Milei. Celebró los entendimientos alcanzados con Estados Unidos y la Unión Europea en el marco del Mercosur, y los calificó como herramientas clave para abrir la economía y atraer capitales.
El respaldo del organismo llega en un momento políticamente sensible, cuando la conflictividad social amenaza con empañar los avances que el Gobierno busca mostrar ante sus principales acreedores internacionales.
