En un escrito dirigido a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Javier Madanes Quintanilla informó que en las instalaciones de la planta en Virreyes se encuentra "un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV – 100mA para uso industrial" . La empresa recordó que, como licenciatarios, son responsables de "la seguridad radiológica y física" y del "uso de los materiales radiactivos y radiaciones ionizantes autorizados" .
Sin embargo, la compañía alertó que no puede cumplir con esas obligaciones porque la "planta industrial se encuentra usurpada" . "Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada", señalaron en la carta .
El contexto judicial
La comunicación a la ARN se produjo horas después de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazara el desalojo de los trabajadores que mantienen ocupada la planta . El tribunal, integrado por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, consideró que la medida se enmarca en el ejercicio del derecho a huelga, reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional .
Los magistrados sostuvieron que "la huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho" y que se trata de "un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores" . De esta manera, revocaron un fallo de primera instancia que ordenaba la expulsión de quienes desde febrero se encuentran en el predio industrial defendiendo sus fuentes de trabajo .
La situación de la planta
La fábrica de neumáticos en San Fernando está ocupada desde el 19 de febrero, cuando la empresa anunció su cierre definitivo y el despido de más de 900 trabajadores . El conflicto se originó tras la decisión de Fate de cesar operaciones, lo que desató una fuerte pulseada entre la compañía, el sindicato y el Gobierno nacional.
De los 920 empleados que Fate tenía hasta la decisión de cerrar, unos 380 aún no acordaron su salida . La empresa continúa con negociaciones individuales para intentar resolver el conflicto, mientras que el gremio mantiene la ocupación como medida de fuerza para exigir la reactivación de la producción y la continuidad laboral .
Sanciones del Gobierno
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano anunció que iniciará un sumario contra Fate por "incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria" . La cartera que dirige Sandra Pettovello informó que la empresa no abonó los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo que constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente .
La sanción será calculada en base al artículo 4º del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley Nº 25.212, que establece una multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado .
Además, el Gobierno resolvió prorrogar la instancia conciliatoria por cinco días más, extendiendo el plazo hasta el 16 de marzo de 2026, "con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución" .
Posiciones encontradas
Desde la empresa, fuentes señalaron que los sueldos no se estaban pagando a los empleados que aún no habían resuelto su salida porque el salario se abona contra la realización de un trabajo y la planta se mantiene tomada por el gremio . La compañía ofreció pagar un adelanto, pero la propuesta no fue aceptada por los trabajadores .
"Es un tema que tiene que resolver el Gobierno porque no están trabajando y, por otra parte, la empresa ya había dispuesto el cierre", afirmaron desde Fate .
Por su parte, el SUTNA mantiene su postura de exigir la reapertura de la planta y la presentación de un plan productivo que garantice la continuidad laboral de los trabajadores .
