La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo explosivo este lunes tras la declaración de las prestamistas que participaron en una de sus operaciones inmobiliarias.
Ante los tribunales de Comodoro Py, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio confirmaron que le otorgaron un préstamo de 100 mil dólares para la compra de un departamento en Caballito y revelaron un dato clave: aseguran que el funcionario todavía les debe 70 mil dólares.
El testimonio refuerza una de las principales hipótesis de la fiscalía, que busca determinar si la operación fue un acuerdo privado transparente o una maniobra para encubrir el verdadero origen del dinero. La causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, pone la lupa no solo en el crédito, sino también en la evolución patrimonial del funcionario y el valor declarado del inmueble.
Mientras tanto, la tensión crece en los tribunales: en los próximos días declararán otras dos mujeres, las jubiladas que habrían vendido la propiedad mediante un esquema poco habitual de adelanto e hipoteca sin intereses, lo que genera aún más dudas sobre la operatoria.
En medio de la polémica, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires salió a marcar posición y aseguró que todas las operaciones de funcionarios deben ser reportadas a la Unidad de Información Financiera, en un intento por despejar sospechas sobre los controles.
Por su parte, la ministra Patricia Bullrich se metió en la discusión y justificó el bajo perfil de Adorni: “Quizás no tiene el cuero tan duro como yo”, lanzó, dejando entrever diferencias en el manejo político de la crisis.
Con nuevas declaraciones en agenda y varias incógnitas abiertas, la causa avanza y pone al jefe de Gabinete en el centro de una investigación que podría escalar en los próximos días.
