El oficialismo alcanzó este jueves un triunfo legislativo clave al obtener la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal para delitos graves. El proyecto, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención, luego de una maratónica sesión que se extendió por más de ocho horas.
El bloque de La Libertad Avanza cosechó el respaldo de PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz, mientras que Unión por la Patria y la izquierda rechazaron en bloque la iniciativa. El peronismo logró mantenerse unido en su oposición al proyecto.
Los ejes centrales del nuevo régimen
El texto aprobado establece los siguientes lineamientos:
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Edad de imputabilidad: se fija en 14 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.
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Pena máxima: hasta 15 años de prisión. Queda explícitamente excluida la reclusión perpetua.
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Penas alternativas: para delitos con condenas menores a 10 años, se prevén sanciones como amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
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Institutos especializados: se crean centros de detención exclusivos para menores, con personal especializado en infancia y adolescencia. Queda terminantemente prohibida cualquier convivencia con detenidos mayores de edad.
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Derechos garantizados: los menores condenados tendrán derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones.
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Suspensión del proceso: se habilita la probation y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
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Reconocimiento de las víctimas: la ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias restaurativas.
El debate: defensa del proyecto y críticas de la oposición
Al inicio del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, miembro informante y presidenta de la comisión de Legislación Penal, señaló que la ley vigente desde 1980 "no previene, no resocializa y no repara" , ni brinda respuestas a las víctimas. Afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.
Rodríguez Machado advirtió que el régimen actual deja a muchos jóvenes "en un limbo" , sin debido proceso ni políticas de resocialización, y que esa situación "favorece la captación por organizaciones criminales" . Destacó que el consenso alcanzado fue producto de un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, con más de veinte proyectos analizados y el aporte de más de treinta especialistas.
Desde el peronismo, Juan Grabois cuestionó con dureza la iniciativa: "La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad" . Planteó que el eje del debate debería estar puesto en la salud mental y los consumos problemáticos, y reclamó herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas. "Las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique" , argumentó.
Su compañero de bloque, Juan Carlos Molina, se preguntó: "¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos?"
El libertario Santiago Santurio defendió el proyecto: "No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas. La gente de su barrio, cuadra y municipio, que un joven que cometió un delito grave no pueda volver" .
Pichetto: "Sin inversión es solo humo para la tribuna"
El diputado Miguel Ángel Pichetto, si bien acompañó la iniciativa, lanzó una advertencia: "La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad" .
El factor presupuestario: el artículo que destrabó el acuerdo
En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo clave destinado a los aportes presupuestarios para la implementación del nuevo régimen. El texto establece una partida total de $23.739.155.303, distribuida de la siguiente manera:
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$3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia.
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$20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación.
La inclusión de este artículo fue determinante para asegurar el respaldo de los gobernadores, que habían amenazado con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.
La emoción en los palcos
El debate fue seguido con atención desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. Estuvieron presentes Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas en Santa Fe; Viviam Perrone; Isabel Yaconis de Madres del Dolor; Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia, abuela de Uma Aguilera; la familia Sperani de Córdoba, padres de Joaquín Sperani; Laura Fernández de USINA de Justicia, madre de Lara Fernández; Guillermo Bargna, padre de Soledad Bargna; y Marcos Rodríguez, padre de Kim.
Los últimos ajustes: prohibición total de convivencia
Minutos antes de la votación, Laura Rodríguez Machado explicó que se realizaron ajustes de redacción en algunos artículos para que "no se preste a confusión" la prohibición total de que los menores sean detenidos en el mismo lugar que presos mayores de edad, una exigencia transversal de todos los bloques.
Lo que viene
El proyecto obtuvo media sanción y pasará ahora al Senado para su revisión. El oficialismo confía en repetir el respaldo de los gobernadores y los bloques aliados en la Cámara alta para convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, fecha del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.
