El juicio por racismo que enfrenta la abogada santiagueña Agostina Páez en Brasil sumó un capítulo inesperado a horas de la sentencia. La querella incorporó al expediente judicial el reciente video viral de su padre, el empresario Mariano Páez, con el objetivo de exigir una indemnización económica sustancialmente mayor para las víctimas.
En la grabación citada por la acusación, se observa al empresario realizando gestos de mono y jactándose de ser "empresario, millonario, usurero y narco privado". La abogada asistente de la querella, Tamara Fejolo, utilizó estas imágenes para exponer el alto poder adquisitivo de la familia y el elevado estándar de vida de la acusada, reclamando un resarcimiento total de 150.000 dólares (aproximadamente 38.000 dólares para cada una de las cuatro víctimas).
Frente a esta maniobra, la defensa de Páez, encabezada por la abogada Carla Junqueira, anunció que presentará una impugnación formal ante el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro. Junqueira sostiene que la querella presentó las pruebas fuera de plazo y acusó a la contraparte de desvirtuar la ley antirracismo para obtener "beneficios económicos indebidos".
En la misma línea, la defensa remarcó que la jurisprudencia brasileña establece topes de hasta 6.000 dólares para este tipo de daños morales, por lo que la fianza de 18.800 dólares ya depositada por la familia santiagueña resulta más que suficiente para cubrir cualquier reparación civil.
La estrategia defensiva también apuntó contra un certificado médico presentado por una de las denunciantes, una cajera de 43 años que alegó "ideación suicida" tras el incidente de enero en Ipanema. Los abogados cuestionaron duramente la validez del documento al señalar que fue firmado por un especialista en geriatría, a pesar de tratarse de una paciente en plena adultez.
Mientras el juez Guilherme Duarte se prepara para dictar sentencia a la brevedad, trascendió que Agostina Páez se encuentra sumamente angustiada y con un profundo temor de que el accionar público de su padre termine perjudicando de manera irreversible su situación penal en el país vecino.
