Luis Ger, Defensor del Pueblo de la ciudad de Santiago del Estero, manifestó una oposición tajante a la iniciativa del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad de los menores. El funcionario fundamentó su postura en estadísticas y en la responsabilidad primordial del Estado de garantizar derechos básicos como salud, educación y vivienda, antes que optar por el encarcelamiento.
Ger desestimó la urgencia del gobierno de Javier Milei, citando datos que, según dijo, están avalados por la Iglesia Católica argentina: “Entre los 15 y 17 años, apenas el tres por ciento de los menores incurren en hechos que estarían tipificados en el Código Penal”. Con base en estas cifras, cuestionó que la medida se presente como una solución a la inseguridad.
Infraestructura estatal y marco legal
El Defensor advirtió que no todas las provincias poseen la infraestructura carcelaria necesaria para albergar a menores sentenciados, aunque consideró que Santiago del Estero podría ser una excepción. Recordó que la Constitución Nacional incorpora la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que considera niños a las personas de hasta 18 años, y que el “primer responsable” sobre su suerte es el Estado, especialmente cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad.
“El Estado es responsable de asegurar la salud de los niños, como así también la educación y la vivienda digna. Sin descuidar que además debe asegurar trabajo digno para los padres”, puntualizó Ger, materializando esa responsabilidad.
Rehabilitación, no cárcel común
Ger se mostró contrario al enfoque de encarcelar a adolescentes en cárceles comunes. “No digo de ninguna manera que deban quedar impunes aquellos menores que puedan haber cometido un delito, pero debe quedar en claro que debemos estar preparados como Estado para esas eventualidades”, aclaró.
Fue tajante al proponer una alternativa: los menores deberían ser llevados a “albergues donde puedan ser rehabilitados para la vida en sociedad”, y no a prisiones comunes. Profundizó en que, tras cumplir una condena, el Estado debe garantizar contención y oportunidades laborales para una reinserción digna.
Crítica al enfoque gubernamental
El Defensor concluyó con una crítica directa a la postura oficial, afirmando que no se advierte una preocupación estatal por la calidad de vida de todas las personas. A su juicio, para el gobierno solo importaría el castigo, sin involucrarse en solucionar los problemas sociales de fondo que conducen a la marginalidad.
