Por Xavier Maria Ferera Peña
Hay una escena que se repite en demasiadas casas: un chico o una chica se encierra con el teléfono, cambia el humor, deja de comer, no duerme, borra conversaciones, entra en pánico cuando vibra el celular. Afuera, los adultos lo leen como “adolescencia”. Adentro, a veces, ya empezó una extorsión.
No siempre hay un desconocido de película. A veces hay un ex. A veces un compañero. A veces una cuenta falsa. A veces una captura de pantalla. A veces un grupo de WhatsApp o Telegram. A veces una amenaza simple y brutal: “Si no haces lo que te digo, publico todo”.
La violencia digital dejó de ser un tema “tecnológico”. Es una cuestión de poder. Y como toda violencia, encuentra su mejor terreno donde hay desprotección, vergüenza, silencio y adultos desactualizados.
No es “un problema de redes”: es violencia
Conviene decirlo con precisión, porque cuando faltan palabras correctas, sobra confusión.
UNICEF describe distintas formas de violencia digital en adolescentes, entre ellas el acoso sexual en línea, el grooming y la difusión no consentida de imágenes íntimas, y advierte que incluso esa difusión puede potenciarse hoy con contenidos falsos o manipulados (deepfakes). Eso no es un detalle técnico: es la diferencia entre entender un fenómeno o seguir minimizándolo.
La sextorsión —como explicó la UFECI— implica exigir dinero u otras prestaciones para evitar la divulgación de material íntimo que puede afectar la intimidad de la víctima. La extorsión íntima puede parecer “privada”, pero su mecanismo es profundamente público: amenaza con destruir reputación, vínculos, escolaridad, trabajo, salud mental.
El doxxing (o doxxing/doxing, según cómo se lo escriba) consiste en recopilar y publicar datos personales sin consentimiento para dañar, intimidar o exponer. Argentina.gob.ar lo define de ese modo y además aclara algo clave: no existe una ley “antidoxing” específica; su tratamiento suele resolverse caso por caso, según los delitos involucrados. En otras palabras: el daño puede ser inmediato, pero la respuesta jurídica suele ser fragmentada.
Y cuando la víctima es menor de edad, la gravedad se multiplica. No solo por la vulnerabilidad obvia, sino porque el sistema adulto suele reaccionar con una mezcla letal de torpeza y prejuicio.
El error más peligroso: seguir culpando a la víctima
Todavía hay adultos que preguntan: “¿Para qué mandó esa foto?”.
Esa pregunta ya es parte del problema.
La difusión no consentida de imágenes íntimas es violencia, aunque la imagen haya sido enviada voluntariamente a alguien de confianza, algo que UNICEF subraya de forma explícita. El consentimiento para compartir con una persona no es consentimiento para viralizar. Mucho menos para chantajear.
Sin embargo, la reacción social sigue anclada en una pedagogía del reproche: “Te expusiste”, “¿cómo no te diste cuenta?”, “¿para qué hablaste con alguien que no conocías?”. Ese reflejo moralista produce dos efectos devastadores: calla a la víctima y fortalece al agresor.
Porque el extorsionador trabaja con una materia prima precisa: la culpa ajena.
Mientras la familia discute “qué hiciste”, la escuela intenta no meterse, y la justicia empieza a girar expedientes, la amenaza avanza en tiempo real: capturas, reenvíos, hostigamiento, cuentas nuevas, números nuevos, más presión. La violencia digital tiene una velocidad que el mundo adulto todavía no asimiló.
El vacío de prevención no es ausencia de leyes: es ausencia de cultura
Argentina no está en cero. El grooming está tipificado como delito (art. 131 del Código Penal), y la guía oficial de “Ley simple” recuerda que se castiga con prisión de 6 meses a 4 años. Además, la Ley 27.590 (Ley Mica Ortega) creó un programa nacional de prevención y concientización, con objetivos que incluyen proteger a niñas, niños y adolescentes, capacitar a quienes trabajan en escuelas, informar en medios y explicar cómo denunciar.
Ese es, justamente, el punto incómodo: hay normas, hay programas, hay organismos… y aun así el agujero preventivo sigue abierto.
¿Por qué? Porque la prevención no se resuelve solo con una ley publicada ni con una efeméride en redes. Se resuelve cuando una madre, un padre, un docente, un preceptor, un directivo, un fiscal y un juez saben reconocer una señal, preservar evidencia, activar protocolos y acompañar sin revictimizar.
Y eso hoy no ocurre con la consistencia necesaria.
Familias: entre el amor y la ignorancia digital
La mayoría de las familias no son indiferentes. Están desbordadas. Trabajan, corren, sobreviven y llegan tarde a una conversación que cambió de idioma. El problema es que en internet el desconocimiento no es neutral: deja solos a los chicos.
Muchos adultos todavía piensan la seguridad digital como “no hables con extraños”, una lógica de plaza pública aplicada a un ecosistema de perfiles falsos, capturas permanentes, plataformas cruzadas, algoritmos y grupos cerrados. Ese manual quedó obsoleto.
La prevención real requiere algo más incómodo y más efectivo: hablar de intimidad, consentimiento, presión de pares, humillación, reputación digital, chantaje y miedo. Hablar antes de que pase. Hablar sin sermón. Hablar sin confiscar automáticamente el teléfono como si el dispositivo fuera el culpable.
Porque cuando la primera reacción adulta es castigar, la próxima vez el chico no cuenta nada.
Escuelas: el lugar donde debería empezar la alfabetización digital (y muchas veces no empieza)
La escuela argentina discute ciudadanía, convivencia y derechos. Pero en demasiados casos todavía trata la violencia digital como un “tema extra”, una charla aislada o un problema privado entre familias.
No lo es.
UNICEF viene señalando que la violencia en entornos digitales adopta formas múltiples y que conocerlas es el primer paso para identificarlas y prevenirlas. Eso debería traducirse en una política escolar básica: protocolos claros, equipos formados, circuitos de intervención y trabajo sostenido con estudiantes y adultos.
No alcanza con decir “no compartan fotos”. Hay que enseñar qué hacer cuando alguien amenaza, cómo pedir ayuda, cómo guardar pruebas, a quién acudir, cómo no amplificar un daño, cómo intervenir como testigo.
Y hay una discusión de fondo que el sistema educativo no puede seguir pateando: la alfabetización digital ya no es aprender a usar herramientas. Es aprender a defender derechos en un entorno donde la crueldad se viraliza.
Justicia y Estado: cuando el daño corre más rápido que el expediente
La UFECI existe, tiene funciones específicas, recibe denuncias, asiste a fiscales y produce diagnósticos sobre ciberdelincuencia. Su informe anual 2024 muestra además la escala del fenómeno: más de 120.000 consultas y reportes de particulares recibidos hasta diciembre de 2024, junto con miles de intervenciones y casos asistidos. No estamos hablando de un puñado de episodios. Estamos frente a una problemática masiva.
También existen canales de orientación y denuncia: la Línea 102 (servicio gratuito y confidencial de atención a niños y adolescentes, de alcance nacional) y la posibilidad de denunciar delitos informáticos en comisarías/fiscalías y reportar a UFECI; incluso las guías oficiales insisten en preservar la prueba y no borrar contenidos.
Entonces, ¿dónde está el vacío?
En la distancia entre la existencia formal del recurso y su activación efectiva.
Porque una cosa es que el canal exista, y otra muy distinta es que la familia sepa que existe, que la escuela se anime a activarlo, que la comisaría tome la denuncia sin banalizar, que no se pierda tiempo precioso, que no se obligue a la víctima a repetir diez veces la historia, que no se la vuelva a exponer para “acreditar” el daño.
La violencia digital no espera horario de oficina. La extorsión íntima no se pausa por feria judicial. El doxxing no pregunta si hay personal especializado.
Plataformas y medios: dos actores que no pueden lavarse las manos
Las plataformas suelen presentarse como “intermediarias tecnológicas”. Pero cuando diseñan entornos con fricción mínima para compartir y fricción máxima para denunciar, están tomando partido: a favor de la circulación, no del cuidado.
Y los medios tampoco salimos indemnes. Cada vez que una cobertura insinúa culpa de la víctima, reproduce capturas, da detalles innecesarios o convierte el caso en morbo, no informa: amplifica la violencia.
Cubrir estos hechos exige un criterio ético elemental: proteger a la víctima, explicar el mecanismo, señalar responsabilidades y ofrecer vías de ayuda. El periodismo no tiene que competir con el algoritmo. Tiene que hacer lo que el algoritmo no hace: poner contexto, límites y humanidad.
Lo urgente: una prevención tan básica como enseñar a cruzar la calle
La prevención digital debería ser parte del ABC de crianza y escuela. No como paranoia, sino como educación para la autonomía.
Así como enseñamos a mirar antes de cruzar, deberíamos enseñar:
que una imagen íntima puede convertirse en arma;
que la amenaza nunca se negocia en soledad;
que guardar evidencia puede proteger;
que pedir ayuda rápido no es “hacer lío”, es cuidarse;
que reenviar también es participar del daño.
No alcanza con campañas estacionales. Hace falta continuidad, presupuesto, formación y coordinación real entre educación, salud, niñez, justicia y seguridad. La Ley Mica Ortega apunta en esa dirección en sus objetivos. El desafío es que eso baje del papel a la rutina institucional.
Porque hoy, en demasiados casos, el sistema aparece cuando el video ya circuló, cuando el nombre ya fue expuesto, cuando el chico ya dejó de ir a la escuela, cuando la angustia ya se volvió síntoma.
Y ahí no estamos previniendo: estamos llegando a levantar escombros.
La violencia digital no empieza cuando se viraliza una foto: empieza mucho antes, cuando una sociedad decide que la intimidad de sus chicos puede quedar librada al azar, al algoritmo y a la improvisación adulta.
Y una comunidad que educa tarde, escucha poco y reacciona mal no puede decir que fue sorprendida: no fue sorpresa, fue abandono con Wi-Fi.
