El escenario judicial por la expropiación de YPF dio un giro drástico a favor de la República Argentina. Tras el reciente revés para el fondo Burford Capital, los equipos jurídicos de la Casa Rosada sostienen que el marco de posibilidades se invirtió. Según explican fuentes oficiales, la defensa se mantendrá inalterable: los reclamos por incumplimiento contractual no son admisibles bajo el derecho argentino y quedan desplazados por la normativa de expropiación pública.
La estrategia de Burford ahora apunta a un pedido de revisión por el pleno de los jueces de la Cámara (proceso conocido como en banc), antes de intentar llegar al máximo tribunal estadounidense. Sin embargo, en Balcarce 50 reina el optimismo. Argumentan que la Corte Suprema de EE. UU. solo interviene en cuestiones federales de extrema relevancia o conflictos entre tribunales, y rara vez acepta casos donde lo que se discute es la interpretación de leyes extranjeras, como ocurrió en este fallo basado en el derecho argentino.
El retorno del expediente a primera instancia
Mientras el fondo calificó la decisión como "decepcionante" y analiza nuevas vías arbitrales, el Gobierno decidió no apresurar presentaciones ante la jueza Loretta Preska. La lectura oficial es que, tras el fallo de apelación, el expediente retomará su curso natural en el juzgado de primera instancia para adecuarse a la nueva realidad: la anulación de la sentencia por más de US$ 16.000 millones.
Desde el entorno presidencial enfatizan que esta victoria judicial desarma una "aventura suicida" heredada de gestiones anteriores. La apuesta principal del Ejecutivo es que la dificultad técnica para escalar el caso agote las instancias de Burford. Por ahora, el radar jurídico de la Nación se mantiene encendido, pero con la convicción de que el frente más peligroso para las reservas del Banco Central ha sido neutralizado casi en su totalidad.
