La disputa por la política energética argentina sumó un capítulo de alta tensión en las redes sociales. El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a las afirmaciones del gobernador Axel Kicillof, quien había vinculado el actual superávit de la balanza comercial con la estatización de YPF en 2012. Para el titular del Palacio de Hacienda, esa decisión no solo fue irrelevante para el resultado actual, sino que resultó costosa: "La expropiación de YPF atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta", sentenció.
Caputo argumentó que la reversión del déficit energético es producto exclusivo del cambio de rumbo económico desde diciembre. Según el funcionario, la recomposición de tarifas, la cancelación de deudas heredadas y la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) son los verdaderos motores que hoy atraen desembolsos masivos de petroleras privadas. "Todas las empresas están invirtiendo ahora miles de millones, y son todas privadas", subrayó para desmarcar el éxito sectorial de la gestión estatal.
El conflicto se reavivó tras el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto una condena de 16.000 millones de dólares contra el país, ordenando revisar el proceso judicial. Este respiro legal fue celebrado por Kicillof y Cristina Kirchner, quienes defendieron la soberanía energética. El gobernador bonaerense afirmó que hoy el modelo económico "no colapsa por falta de dólares gracias a YPF", reivindicando la recuperación del control estatal como una decisión estratégica conforme a derecho.
Por su parte, Caputo tildó los argumentos del kirchnerismo como "alocados" y planteó que, de haber continuado esa gestión, Argentina hoy tendría tarifas pisadas, mayor inflación y un déficit fiscal financiado con emisión. El cruce deja en evidencia dos modelos antagónicos: uno que apuesta a la planificación estatal como base del superávit y otro que fía el crecimiento a la señal de precios y la seguridad jurídica para el capital privado.
