El anestesiólogo del Hospital Italiano, Hernán Boveri, amplió en los últimos días su declaración indagatoria y negó haber robado medicamentos como fentanilo o propofol de la institución. “Las jeringas que había en mi casa las compré en una farmacia para el tratamiento oncológico de su perro”, dijo.
El médico procesado por administración fraudulenta, aseguró que las jeringas encontradas en su departamento durante los allanamientos eran para tratar a su mascota.
La declaración se dio en el marco de la investigación que busca determinar cómo medicamentos de uso estrictamente intrahospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en un ámbito privado.
Los elementos fueron incautados el 13 de marzo de 2026 durante operativos judiciales vinculados a la causa. En las fotografías incorporadas al expediente se observan en el departamento de Boveri jeringas de distintos tamaños, ampollas, envases médicos, cajas con insumos y bolsas transparentes rotuladas como material secuestrado, junto a dispositivos electrónicos como un teléfono celular, una notebook y un CPU.
Boveri remarcó que las jeringas no tenían destino humano y que algunos de los medicamentos encontrados ya estaban vencidos. Además, aseguró que, aun en caso de no estarlo, no podrían haberse utilizado sin el equipamiento específico del que, según dijo, no disponía en su domicilio.
En la ampliación de indagatoria, el médico reconoció que mantenía una relación con Delfina “Fini” Lanusse, quién se desempeñaba como residente de anestesiología en el Hospital Italiano pero negó haber robado medicamentos para consumo personal.
Boveri también hizo un repaso por su historial académico y laboral y aseguró que muchas de las muestras encontradas en su domicilio eran por las capacitaciones permanentes que realizaba.
La Justicia ordenó también el análisis del teléfono celular de Boveri, quien entregó voluntariamente la clave de desbloqueo.
La causa sigue en etapa de instrucción, con pericias complementarias pendientes y nuevas medidas de prueba en análisis.
Boveri y Lanusse fueron procesados sin prisión preventiva y se les trabaron embargos por 70 y 30 millones de pesos, respectivamente. Por otro lado, la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar se tramita en un expediente separado, aunque la Justicia evalúa posibles puntos de contacto entre ambos casos.
