El plan de reestructuración del Banco Central de la República Argentina encendió señales de alerta en distintas provincias, tras confirmarse el cierre de doce delegaciones regionales en todo el país.
La iniciativa responde a una estrategia de reducción de costos operativos y a la creciente digitalización del sistema financiero, bajo el argumento de una menor utilización del dinero en efectivo. En ese marco, las operaciones se concentrarán en grandes centros como Córdoba, Rosario y Corrientes, obligando a otras regiones a depender de estas sedes.
Sin embargo, la decisión generó un fuerte rechazo tanto a nivel institucional como sindical. Desde La Bancaria advirtieron que la eliminación de las agencias encarecerá la logística del traslado de dinero, ya que las entidades deberán recurrir a distancias mucho mayores para abastecerse de efectivo, incrementando los costos de transporte y seguridad.
El impacto sería especialmente significativo en provincias del norte argentino como Salta, La Rioja y Formosa, además de otras ciudades del interior donde el uso del efectivo sigue siendo predominante, sobre todo en sectores rurales y en poblaciones de adultos mayores.
La preocupación también llegó al Congreso, donde se presentó un proyecto en el Senado para rechazar la medida. Legisladores sostienen que el cierre de estas dependencias atenta contra el federalismo, al concentrar recursos y capacidades operativas en pocas ciudades.
Entre las oficinas que dejarán de funcionar se encuentran las de Salta, La Rioja, Formosa, Posadas, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Paraná, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, San Juan y Santa Rosa.
Mientras tanto, trabajadores de las delegaciones afectadas aguardan definiciones sobre su futuro laboral, y los bancos del interior analizan cómo adaptarse a un esquema que podría impactar directamente en sus operaciones diarias y en el acceso al efectivo por parte de los usuarios.
