El caso de Agostina Páez en Brasil se volvió un espejo de esos que no favorecen. Según la acusación, en un local de Ipanema hubo insultos, gestos imitando a un mono y la palabra “mono” dirigida a un trabajador; el episodio quedó registrado, se viralizó y derivó en una causa por injuria racial. La Justicia de Río dispuso medidas cautelares —retención de pasaporte, prohibición de salida y tobillera electrónica— y el Ministerio Público pidió prisión preventiva.
Hasta acá, una obviedad: el racismo no es folclore, no es “una broma”, no es un exceso simpático de madrugada. Es violencia. Y en un país como Brasil —con su historia, sus heridas y su debate público— el Estado eligió, hace años, tratarlo como un delito grave. La “injuria racial” fue equiparada al racismo y su marco se endureció en los últimos años.
Pero la discusión que se abre no es solamente jurídica. Es política, social y moral. Porque cuando el castigo se transforma en escarmiento, cuando el proceso parece escrito para “dar un mensaje”, aparece la pregunta que molesta: ¿por qué la vara se vuelve de hierro con algunos y de goma con otros?
Ahí entra la frase que repetimos como si fuera de Eduardo Galeano, pero que él mismo reproduce citando a Óscar Arnulfo Romero:
“La justicia es como las serpientes: solo muerde a los descalzos”.
Ahora bien: que sea vulnerable no vuelve inocente su conducta. No mezclemos. Una cosa es el acto repudiable; otra, el dispositivo de castigo. Porque la máquina punitiva, cuando arranca, rara vez frena en el punto justo: necesita cámara, necesita ejemplo, necesita trofeo.
Y entonces conviene mirar el otro lado del espejo.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, en 2021, el propio jefe de Estado argentino citó una frase que desató indignación regional: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva…”. Fue una cita fallida, pero el daño simbólico fue real, y terminó en disculpas y repudio internacional.
Después, ya con Javier Milei en el poder, la relación con Lula da Silva se cargó de insultos y provocaciones: “corrupto”, “comunista”, y una negativa pública a pedir disculpas, aun en medio de un vínculo bilateral sensible.
¿Y qué pasó judicialmente con esos dichos presidenciales? Hubo costo diplomático, ruido, titulares. Pero no se conocieron medidas penales equivalentes que pongan a un presidente con tobillera o con prohibición de salir del país por haber degradado a un pueblo o haber incendiado la relación con su par.
Y acá aparece lo que nadie quiere decir en voz alta: la justicia también es un territorio de poder. No siempre, no en todo, pero demasiado a menudo. Al poderoso se lo trata como “actor institucional”, “líder”, “mandatario”. Al ciudadano común se lo trata como “ejemplo”.
Con Agostina Páez, además, se suma otro ingrediente: la soledad. Su defensa dijo que ella se sentía “mal” y “desprotegida”, que recibió amenazas, y que el acompañamiento consular existe, pero tiene límites: el consulado puede “seguir el caso”, no resolverlo.
Y eso también forma parte de la escena: cuando sos uno más, la patria llega tarde y en voz baja. Cuando sos alguien, la patria te llama, te cuida, te arma una salida, te amortigua el golpe.
Claro que Brasil tiene derecho a aplicar su ley. Y claro que Argentina tiene la obligación de no confundir “asistencia consular” con impunidad. Pero el debate de fondo no se agota en “que se la banquen” o “pobrecita”. Ese péndulo bobo solo sirve para que nadie piense.
Porque si de verdad queremos una conversación seria, hay que sostener dos verdades al mismo tiempo:
El racismo debe tener consecuencias reales, sin relativismos, sin excusas de madrugada, sin “era un chiste”. Brasil, con su historia, decidió ser inflexible. Y eso —en términos de derechos— tiene sentido.
La selectividad del castigo es un problema democrático. Si el rigor cae como un rayo sobre el turista filmado, pero se vuelve niebla ante el funcionario, el influyente, el que habla desde un atril, entonces no estamos ante justicia: estamos ante administración de daños.
Y ahí vuelve la hipocresía “puertas adentro”. En Argentina, ¿cuántas veces vemos discursos clasistas, racistas, xenófobos, o humillaciones cotidianas que se naturalizan porque “no pasó nada”? ¿Cuántas veces la indignación aparece solo cuando el episodio ocurre afuera, con policía ajena y ley ajena, como si fuera un reality importado?
Es incómodo, sí. Pero también es una oportunidad. No para celebrar que a una persona la arrastren por el barro —nadie mejora por linchamiento—, sino para preguntarnos qué clase de sociedad somos cuando el castigo nos entusiasma más que la prevención, cuando el escarnio nos divierte más que la educación, cuando pedimos “mano dura” para los otros y “comprensión” para los nuestros.
Al final, el caso Agostina Páez no es solo sobre una mujer y un gesto. Es sobre el mundo que estamos construyendo: uno donde el pobre, el desconocido y el desprotegido son el blanco perfecto para que la justicia muestre músculo… mientras los poderosos discuten el precio de la impunidad en mesas alfombradas.
La justicia serpiente muerde el talón de los descalzos. Y después nos pide que aplaudamos, que compartamos el video, que elijamos bando en 15 segundos.
Pero si de verdad queremos dignidad —y no sólo castigo—, hay que mirar más arriba: al poder, a la política, a la doble vara, al cinismo que primero enciende el fuego y después se indigna por el humo.
Es la política, estúpidos. Y mientras no lo entendamos, seguiremos viendo lo mismo: para los de abajo, todo. Para los de arriba, casi nada.
