Miguel Conejero no solo dejó su vehículo blanco estacionado en un sector prohibido, reservado al IOSEP, sino que además reaccionó con agresividad cuando una fotógrafa del Multimedio registró la infracción. Lejos de asumir el error, el hombre comenzó a vociferar que trabaja en una importante tarjeta de crédito de Santiago del Estero, como si esa condición le otorgara prerrogativas especiales sobre el espacio público. Como si pertenecer a determinado sector lo hiciera dueño de la calle.
La escena fue todavía más repudiable porque, vestido con la indumentaria de la empresa para la que se desempeña, primero intentó ampararse en ese supuesto respaldo laboral para intimidar y luego forcejeó la cámara de la fotógrafa en un intento por borrar o impedir el registro de la imagen. Es decir: a la infracción le siguió el apriete. Y al abuso, un acto incompatible con cualquier mínima noción de convivencia democrática.
Lo ocurrido no es un detalle menor. Cuando alguien cree que puede estacionar donde quiere, gritarle a una trabajadora de prensa y avanzar físicamente sobre su herramienta de trabajo, no estamos ante un simple episodio de mal humor: estamos ante una conducta que desnuda soberbia, abuso y desprecio por las reglas que rigen para todos.
Nadie es propietario de la calle. Nadie tiene coronita. Y nadie, por trabajar donde trabaja, puede creerse con derecho a intimidar periodistas ni a manotear una cámara para hacer desaparecer una evidencia incómoda.
Porque ahí está el núcleo del problema: no es solo el auto mal estacionado. Es la prepotencia. Es la cultura del “¿sabes quién soy?”. Es esa patología del poder menor, miserable, berreta, que convierte una infracción en un atropello.
Si Miguel Conejero cree que un nombre, un empleo o una remera corporativa lo ponen por encima de la ley, entonces el problema no es de tránsito. Es de conducta. Y de límites.
Y los límites, en una sociedad decente, los pone la ley. No la soberbia de un hombre que se creyó más importante que una trabajadora, que una cámara y que la calle misma.
