El gobierno nacional suma un nuevo y duro obstáculo en su intento por desregular la economía. La reciente suspensión cautelar que recayó sobre 82 artículos de la Ley N.° 27.802, conocida como la Ley de Modernización Laboral, encendió las alarmas tanto en la Casa Rosada como en los principales despachos del sector privado.
Frente a este escenario de inestabilidad normativa, la Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un comunicado este martes expresando su profunda preocupación por la paralización de la norma. La entidad fabril remarcó que la ley había sido sancionada por una amplia mayoría en el Congreso Nacional, en pleno ejercicio de las facultades del Poder Legislativo.
El reclamo por la seguridad jurídica
Para el sector empresario, este revés en los tribunales representa un golpe directo a la previsibilidad que requiere la economía para funcionar con normalidad. En su pronunciamiento, la UIA advirtió que la suspensión de los efectos de una ley o su declaración de inconstitucionalidad deberían funcionar como el último recurso del orden jurídico, y no como la primera medida adoptada frente al conflicto.
Este sorpresivo freno judicial vuelve a dejar en evidencia las dificultades de la gestión libertaria para consolidar de forma sustentable sus reformas estructurales. Según la cámara que agrupa a los industriales, la persistencia de esta incertidumbre normativa debilita fuertemente el clima de negocios y retrasa las decisiones productivas en todo el país.
Ante la urgencia de atraer capitales y fomentar el empleo formal, los empresarios hicieron un llamado a garantizar la plena vigencia de los marcos legales que buscan modificar el sistema laboral. En ese sentido, recalcaron que el respeto por las leyes democráticamente aprobadas y la división de poderes resultan pilares esenciales para acompañar el desarrollo del país.
