Por Xavier María Ferrera Peña
Cuando la vara se pregona tan alta, no se la puede esconder debajo de la alfombra sin pagar un costo social y político mucho mayor.
El problema de Manuel Adorni ya dejó de ser Manuel Adorni.
Hace rato que no se discute solamente un viaje, una imagen, una explicación torpe o una defensa cerrada desde el poder. Lo que está en juego es algo bastante más delicado: la credibilidad moral de un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, barrer a la casta y levantar una ética pública inflexible. En esa construcción, Adorni no fue un actor secundario. Fue, durante mucho tiempo, la voz. El rostro. El predicador. Y por eso mismo, su situación no puede medirse con una indulgencia burocrática ni con una defensa de comité.
La controversia no nació de una operación literaria ni de una exageración opositora. El caso explotó luego de que se conociera que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, integró el vuelo oficial a Nueva York en el avión presidencial. Después, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación preliminar sobre ese viaje y sobre otro a Punta del Este para determinar si hubo irregularidades o cuestiones patrimoniales a revisar. En paralelo, el propio oficialismo salió a blindarlo públicamente, con respaldo expreso de Javier Milei y Karina Milei.
Aquí conviene separar los tantos con honestidad. Una cosa es la responsabilidad penal, que deberá dilucidarse donde corresponde. Otra, muy distinta, es la responsabilidad política y ética. Y en esa dimensión, el cuadro ya es grave aunque no exista condena judicial alguna. Porque el propio Adorni había sido, como vocero, uno de los que anunciaron en 2024 una línea restrictiva sobre el uso de aeronaves públicas, incluyendo explícitamente a familiares. Y porque la Ley 25.188 de Ética Pública establece que los funcionarios deben usar los bienes del Estado solo con fines autorizados y abstenerse de hacerlo para beneficio propio o de sus familiares.
No alcanza, entonces, con decir “fue un error”. No alcanza con pedir disculpas. No alcanza con sostener que no hubo costo marginal o que no se gastó “ni un dólar más”. Porque el poder no se erosiona solamente cuando hay delito. También se desgasta cuando hay privilegio. Cuando hay doble vara. Cuando el discurso moral se convierte en un bien de uso selectivo: implacable para los otros, comprensivo para los propios.
Y eso es exactamente lo que hoy percibe una parte de la sociedad. No está viendo una simple desprolijidad. Está viendo algo peor: la sospecha de que el sermón anticasta tenía cláusulas de excepción. Que la austeridad era para los demás. Que la pureza republicana era férrea hasta que tocaba a los de adentro. Ahí es donde se rompe el contrato emocional con una porción del electorado que soportó ajuste, crueldad material y sobresaltos cotidianos porque compró una idea de rectitud.
Ese humor social no está para más fagocitaciones.
La Argentina viene de demasiadas frustraciones, demasiados sacrificios y demasiada prédica vacía como para tolerar que también se le tome el pelo en el terreno simbólico. Un gobierno puede pedir paciencia. Puede pedir esfuerzo. Puede pedir comprensión ante errores de gestión. Lo que no puede pedir es que la sociedad naturalice privilegios de casta envueltos en lenguaje libertario. Porque ahí ya no hay épica: hay cinismo.
Y cuidado con un detalle central: la discusión tampoco se salda con el reflejo fanático de convertir cualquier observación en un intento destituyente. Esa coartada sirve un rato, pero después envejece. No todo cuestionamiento es conspiración. No toda crítica es kirchnerismo. No toda exigencia de ejemplaridad es una emboscada. A veces, simplemente, una sociedad le está diciendo al poder: cumpla con lo que prometió.
El propio Adorni admitió públicamente que fue “una pésima decisión” y pidió disculpas, al tiempo que defendió que no se trató de un delito y sostuvo que “la vara va a seguir estando en el mismo lugar, bien alta”. El problema es que esa frase, lejos de aliviarlo, agrava su situación: si la vara sigue alta, entonces alguien tiene que demostrarlo con hechos y no con posteos de apoyo incondicional.
Por eso la renuncia aparece, a esta altura, no como una concesión a la oposición, sino como un imperativo de coherencia. Una decisión de autodefensa política. Una señal mínima de respeto hacia una ciudadanía exhausta. Y, si se quiere mirar desde el interés frío del oficialismo, también como un movimiento de supervivencia para un proyecto libertario que ya viene golpeado por varios frentes y que no puede darse el lujo de seguir incubando la idea de que se volvió exactamente aquello que dijo combatir.
Porque cuando un gobierno moraliza todo, queda preso de su propia prédica.
No puede expulsar, degradar o soltarle la mano a funcionarios por desajustes menores, mientras a uno de sus emblemas lo protege hasta el absurdo cuando el costo público ya es inocultable. No puede construir legitimidad sobre la severidad y después administrar indulgencias por amistad, cercanía o centralidad política. No puede exigir fe ciega mientras la confianza se desangra por las hendijas del privilegio.
La historia argentina está llena de oficialismos que confundieron blindaje con fortaleza. Que creyeron que aguantar un nombre era demostrar autoridad, cuando en realidad estaban incubando un desgaste innecesario. A veces, preservar a un funcionario cuestionado no exhibe firmeza: exhibe miedo. Miedo a admitir error. Miedo a reconocer contradicción. Miedo a que una pieza caída deje al desnudo la precariedad del relato completo.
Y ese es el núcleo del asunto: Adorni hoy no compromete solo una gestión personal. Compromete la palabra entera del mileísmo. Si sigue, no seguirá solo. Seguirá con él la sospecha de que el proyecto libertario no vino a demoler privilegios, sino a administrarlos con marketing más agresivo. Seguirá la sensación de que la casta era un disfraz del enemigo, nunca un principio rector. Seguirá, en definitiva, la herida sobre una legitimidad que ya no puede darse el lujo de seguir perdiendo densidad moral.
Hay momentos en que la política debe elegir entre la corporación y el ejemplo. Entre el encubrimiento afectivo y la autoridad ética. Entre salvar a un hombre o salvar una idea.
Este es uno de esos momentos.
Si el Gobierno todavía quiere sostener ante el país que no es más de lo mismo, debe actuar como si lo creyera de verdad. Sin excusas rebuscadas. Sin blindajes obscenos. Sin antropofagia interna ni social. Porque cuando el poder empieza a comerse su propio discurso, termina devorándose a sí mismo.
Y a veces, para no terminar de destruir lo que queda, hay que cortar a tiempo.
