La causa que analiza el traslado de Manuel Adorni hacia Punta del Este en servicios aéreos privados entró en una fase crítica de protección de pruebas. Este sábado, el magistrado Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó que el periodista Marcelo Grandio se abstenga de contactar por cualquier vía a Vanesa Elizabeth Tossi, empleada de la firma JAG Executive Aviation y testigo fundamental en el proceso.
Según consta en el expediente, la situación de gravedad ocurrió el pasado viernes durante la audiencia testimonial. Mientras Tossi detallaba los pormenores del vuelo ante el fiscal, recibió sucesivas llamadas y mensajes de Grandio, quien es señalado como el responsable de haber efectuado el pago del traslado. La testigo denunció que estas comunicaciones, sumadas al envío previo de una carta documento intimidatoria, tenían como único fin condicionar su relato y amedrentarla.
Los detalles del pago y la falta de facturación
En su declaración, Tossi aportó datos sensibles que complican la situación de los implicados. Precisó que fue Grandio quien pagó el servicio y que, además, habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente. Para la fiscalía, estas acciones no solo representan un malestar para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la integridad de una fuente de prueba clave para determinar el origen de los fondos y el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios.
El juez Lijo argumentó que la interrupción de la propia audiencia mediante comunicaciones intimidatorias exhibe un riesgo real que debe ser mitigado de inmediato. Por tal motivo, además de la restricción de acercamiento al domicilio y lugar de trabajo de la damnificada, se dispuso la extracción de testimonios para iniciar una investigación paralela por los delitos de amenazas y coacciones.
Garantizar la transparencia del proceso
La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial es resguardar la integridad psíquica de la deponente y garantizar que la recolección de pruebas se desarrolle sin interferencias externas. La justicia busca determinar si existió una maniobra para ocultar el financiamiento de los viajes del Jefe de Gabinete, en un contexto donde la ética pública y el manejo de recursos privados por parte del entorno oficial están bajo la lupa de los tribunales de Comodoro Py.
